Ser mapuche equivale, en el Chile de hoy, a ser sospechoso de terrorismo, a juzgar por los 58 integrantes de ese pueblo originario que hoy purgan prisión política al abrigo de la ley “antiterrorista” fraguada durante la dictadura pinochetista.

Así lo analiza desde Santiago Paulina Acevedo, comunicadora e integrante en ese rol del Observatorio Ciudadano, entidad dedicada a la promoción y defensa de los DDHH, tomando como punto de partida la huelga de hambre llevada adelante por treinta presos mapuches en distintas penitenciarias del país.

La medida de fuerza iniciada el 12 de julio en las penitenciarias de Temuco, Concepción, Angol, Valdivia y Lebu demanda el fin de la aplicación de la ley antiterrorista, la desmilitarización de las comunidades y la libertad de los presos políticos mapuche.

Dice Paulina Acevedo que en su país la “ley Antiterrorista se ha aplicado básicamente contra integrantes mapuches en rebeldía y contra jóvenes denominados ’okupas’” por su uso de edificios deshabitados para vivir, realizar sus actividades culturales y reivindicaciones políticas.

Esto ha motivado que los presos mapuches deban sufrir largos períodos privados de su libertad para finalmente terminar absueltos ante la falta de pruebas.

En general, las comunidades cuyos líderes son apresados resultan desplazadas de sus tierras y éstas a la vez son ocupadas por industrias madereras y monocultivos de eucaliptus y pinos que, además de usurparlas, las degradan.

Niños para amanecer

En otro tramo del diálogo, Paulina Acevedo nos describe el contexto político en que se fraguara la “ley antiterrorista”, señalando que existen múltiples organismos de jurisprudencia internacionales que han reclamado, por ejemplo, lo absurdo de que bajo esta normativa se lleguen a juzgar niños y niñas mapuches.

“Si bien la ley ha sufrido modificaciones, éstas han sido meramente de maquillaje y de forma pero no de fondo. Hoy en día Chile es el único país de América Latina que sigue empleando la Justicia Militar contra su población civil”, expresa la integrante del Observatorio Ciudadano.

Otro tanto lo aportan los medios de comunicación, quienes criminalizan en sus coberturas los casos de protestas mapuches.

Ambientan así casos emblemáticos de avasallamiento de derechos, como el encarcelamiento de una joven mapuche de quince años acusada de apedrear una sede judicial, sin que se hubieren aportado pruebas al respecto. “Se la está juzgando simplemente por ser la hija de un lonko (líder mapuche) en rebelión”, sostiene Paulina.

Niños torturados para obtener información, baleados y agredidos forman parte de esta realidad chilena que disputa a los mapuches y otros pueblos originarios su territorio y derecho a ser.

De hecho esta no es la única huelga de hambre que llevan adelante los presos políticos mapuches. La presa Patricia Troncoso sostuvo esa medida durante más de cien días generando una alarma internacional que casi culmina en una enmienda de la “ley antitrerrorista”. Casi...

Megatareas

Las tareas para los defensores de los derechos mapuches son varias, ya que no solamente hacen a la “ley antiterrorista” sino también a los múltiples proyectos de “megainversión” que son la marca de origen del modelo económico chileno con solución de continuidad a lo largo de gobiernos y presidentes.

Plantas hidroeléctricas, geotérmicas y otros proyectos a instalarse en territorios mapuches son, pues, también cuestión de derechos en una legislación chilena carente de normas sobre cuencas, migrantes, defensoría del pueblo y otras ausencias.