La impresentable demora del Presidente en desprenderse de sus negocios, para garantizar que su gestión no será ensombrecida por conflictos de interés, debe terminar.

Los plazos comprometidos en la campaña y después de ella han sido largamente sobrepasados Las demoras han tenido su origen en el intenso regateo que ha tenido lugar en cada operación. Ello ha conducido a que los negocios del Presidente de la República estén en el centro del debate político con daño serio a la calidad de la política y llegando a comprometer la institucionalidad presidencial y la del país.

El último evento es el de Chilevisión.

El precio de venta establecido es la considerable cifra de 130-140 millones de dólares. Esos números ponen en evidencia que lo que se ha puesto en venta no son los bienes físicos y un eventual intangible por las utilidades esperables de la explotación del canal sino, de hecho, la venta incluye el valor de la concesión que, lisa y llanamente, no es de propiedad del vendedor, el Sr. Piñera. Este dispone de un usufructo, no de la concesión. Tal usufructo tiene un límite que termina en 8 años. Cuando el Sr. Piñera compró ese usufructo en 2004, con vigencia de 14 años no de sólo 8, de manos de Venevisión, pagó 24 millones de dólares. Hoy, con la mitad del tiempo disponible cobra casi 6 veces más. Es cierto que durante estos años se han hecho inversiones pero es igualmente cierto que no han sido de 116 millones de dólares.

Se afirma a los eventuales compradores que estarían asegurados otros 25 años de usufructo, lo que supone que la Universidad de Chile no ejercerá su derecho de ponerle fin como puede hacerlo. Con plena razón, los compradores (Linzor) retiraron su oferta ante la evidencia que tal garantía de al menos 33 años simplemente no existía.

El negocio de Chilevisión es efectivamente exitoso. El año 2009 obtuvo utilidades por 7.603 millones de pesos, esto es unos 14 millones de dólares. Los eventuales compradores, suponiendo operar con iguales resultados, apenas alcanzarían en los 8 años a recuperar el 80% del precio exigido. Esto confirma que el precio asume el valor de la propiedad de la concesión y no del usufructo de ella por el período que el Sr. Piñera puede efectivamente comprometer.

De acuerdo con lo términos de contrato de usufructo, la Universidad de Chile debe comunicar su término en el año 2013, el que tendría efecto en 2018. El Presidente de la República es patrono de la Universidad y podría incidir en la decisión de hacer o no efectiva la comunicación de tal término. En esas condiciones, aún con la venta, un conflicto de intereses queda en la palestra. De hecho, forzaría una presión sobre la Universidad para otorgar otros 25 años, dado que es base del abultado cobro que se le planteó a Linzor.

Durante la campaña presidencial, Jorge Arrate planteó al entonces candidato Sebastián Piñera que en un gesto de grandeza devolviera el Canal a la U. de Chile en condiciones que no le fueran lesivas. Ignoró la propuesta. Lo apropiado en la situación actual es que la reconsidere. La Universidad de Chile detenta la propiedad del activo mas importante de Chilevisión, esto es la concesión. Adicionalmente tiene la responsabilidad jurídica sobre la calidad de las trasmisiones que en ella efectúen terceros. De hecho, la autoridad universitaria debe ser notificada cada vez que el Consejo Nacional curse infracciones a la estación televisiva.

Como hemos dicho, el Sr. Piñera pagó 24 millones para adquirir el Canal. Considerando sólo las utilidades de los dos últimos años, ese monto ha sido sobradamente recuperado. Lo ha explotado durante seis años. Está, por tanto, en capacidad de devolver el canal a su dueño en un acuerdo generoso porque el negocio está hecho de sobra en el tiempo transcurrido.

Lo cierto es que la devolución del Canal a la Universidad es el único modo de poner fin a los conflictos de interés. Toda pretensión de venta comercial con pretensiones de hacer ganancias suculentas mantiene inevitablemente los conflictos de interés. Eso daña gravemente a la institución de la Presidencia de la República.