“Poderoso caballero es don dinero…”. Muchos habitantes de la comuna de La Mariquina recordaron el refrán popular cuando conocieron el increíble fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que rechazó el recurso de protección que habían interpuesto contra la planta Celco, de la empresa celulosa Arauco, que sigue depositando en el mar sus desechos tóxicos, amenazando la supervivencia de numerosas especies y contaminando el entorno de las comunidades mapuche-lafkenches de la zona.

Los pobladores rechazaron el accionar de la Corte de Apelaciones a la que acusaron de estar coludida con el sistema capitalista para la destrucción del medio ambiente. Boris Hualme, dirigente de los mapuche-lafkenches, explicó que la decisión desconoce abiertamente los derechos de los pueblos originarios contemplados en el Convenio 169 de la OIT.

El fallo judicial viola el documento, ratificado por el Estado chileno, y deja en evidencia la desigualdad ante la ley de los pueblos indígenas, al no garantizarles el derecho a ejercer igualitariamente la participación política.

El Convenio internacional 169 demanda al Estado que: “Deberán efectuarse consulta de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, a los pueblos originarios, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. Hualme manifestó: “No nos sorprende esta decisión, ya que conocemos cómo funciona el sistema en torno a los reclamos indígenas. Históricamente, en este país los pueblos originarios no tienen justicia, porque el Poder Judicial se pone del lado de las empresas que dañan la tierra y a sus habitantes”.

El dirigente denunció que la empresa ha utilizado la violencia sistemática en contra de las comunidades mapuche-afkenches que se oponen al daño irreparable en el borde costero, que terminará con su uso ancestral.

Existen antecedentes de los abusos de la empresa Celco en contra de las comunidades, pero la justicia ha desistido de investigar las denuncias. A juicio de Hualme, existe una suerte de alianza entre los gobiernos y estas empresas para explotar el medioambiente hasta agotar sus recursos, y eso pasa ahora en La Mariquina.

Defensa de los recursos naturales

El fallo, de 54 páginas, argumenta que los desechos no son en su totalidad tóxicos y no representan un peligro al ecosistema. Boris Hualme dijo que la resolución ambiental era ilegal porque viola todo tratado local e internacional: “Esta empresa es racista al igual que el Estado. Nosotros vemos cómo el gobierno lleva estos temas a un ámbito folclórico, no entregando la verdadera dimensión del problema. Nuestras demandas son puestas en forma muy alejada de los problemas de la gente, entonces se nos margina. Los gobiernos de Chile matarán a su pueblo con los permisos que entregan a las empresas para contaminar”.

La molestia también se enmarca en que el tribunal sentenció que la Corema de Los Ríos al calificar favorablemente el estudio no incurrió en omisión discriminatoria, ya que todos los interesados pudieron hacer valer sus intereses en el procedimiento, lo que significa que no existió violación a la igualdad ante la ley.

Hualme señaló que entre los derechos que le cabe al pueblo mapuche y que son ancestrales está el acceso al agua y a sus tierras, opción que siempre les ha sido negada para favorecer a los grandes capitales transnacionales que se han apoderado del agua y que lucran con ella: “Nosotros luchamos por la no-contaminación y la no-depredación. En estos 14 años de conflicto con la Celulosa Arauco, ésta ha comprado la conciencia, tanto a autoridades como a algunos habitantes, y ha actuado de forma muy turbia para conseguir sus intereses. Esa es la empresa que destruye la vida”.

El dirigente señaló que el actual gobierno de derecha y los cambios que ha propuesto, tanto para la Conadi como para otras reparticiones que entregan líneas de acción a los pueblos originarios, en nada los benefician ya que sólo cambian nombres, pero las políticas neoliberales y destructivas de la tierra son las mismas: “Lo que nos interesa es que se apliquen de una vez por todas los tratados internacionales, sobre manera del borde costero, lo demás es sólo simbología. Mantenemos las esperanzas respecto de los territorios del pueblo mapuche, pero está claro que Chile no modificará su legislación interna en beneficio de los pueblos originarios. Chile debe modificar la ley eléctrica, la minera, la de Código de Aguas y otras leyes sectoriales que van en contra de nuestros derechos y los de todos los chilenos”. Hualme sostuvo que no hay que dejarse avasallar por este tipo de empresas como la Celuosa Arauco: “No hay que desmayar, debemos seguir resguardando los recursos naturales, nuestra tierra y nuestra agua”.