Recién en el último día de noviembre, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley que reajustaba las remuneraciones del sector público a regir desde diciembre, proponiendo un aumento nominal de 3,7%, que en términos reales significaba aproximadamente un 0,5%, el mismo porcentaje formulado desde un comienzo y que fue reiteradamente rechazado por las organizaciones sindicales. Es primera vez en dos décadas, o sea desde el término de la dictadura, que el trámite excede los primeros días del último mes del año, cuando debe estar en aplicación durante diciembre. Además, el Ejecutivo se negó tajantemente a vincular el monto del reajuste a poner fin a los despidos de funcionarios a contrata y honorarios cuyos compromisos laborales cesan al finalizar el año, con el agravante que no cuentan con mecanismos de indemnización por años de servicio y seguro de cesantía. Según cifras de la Dirección de Presupuestos el personal a contrata llegó en junio a 100.809, casi un 50% del total. Los trabajadores del sector público, a la fecha indicada, eran 203.004. La iniciativa fue enviada por el ejecutivo con discusión inmediata intentando reducir así al máximo cualquier debate en el parlamento. Es la nueva forma de gobernar.

El ministro efectuó un rebuscado cálculo para llegar a esta cifra, cuando matemáticas elementales muestran que el reajuste real de aprobarse ese porcentaje habría sido mucho menor. Si al reajuste nominal (3,7%) se le resta la inflación acumulada desde el anterior reajuste estimada en más de un 3%, el incremento real resulta aproximadamente de medio punto, o sea $500 por cada $100.000 de salario, algo más de un pasaje del Metro en horario punta. Incluso, diputados de la Alianza – mostrando el aislamiento en que quedó el gobierno – instaron al Ejecutivo a efectuar un “esfuerzo adicional”, que para Joaquín Godoy, de Renovación Nacional, es acercarse a un incremento del 5%. La postura del Gobierno tensionó al extremo el proceso de aprobación del reajuste.

La evolución general de remuneraciones reales por hora del Instituto Nacional de Estadística en el medio año transcurrido entre abril y septiembre, si se comparan con igual lapso de 2009, experimentaron un mejoramiento de apenas 2%, con todo superior a lo ingresado como reajuste general al parlamento. Este bajo incremento fue influido por la mantención durante varios meses como consecuencia de la recesión de altas tasas de desempleo. La huelga del sindicato de conductores del Metro se produjo a su vez por el rechazo de la administración de la empresa a un reajuste real anual de sólo 1,5%.

La discusión sobre el reajuste se efectuó cuando se conocieron los resultados de las sociedades durante los primeros nueve meses del año. Un ranking confeccionado por el Diario Financiero con los resultados de 514 empresas estableció un aumento de 50,12%, en relación con los mismos meses del año anterior. Si se comparan esos resultados con los aumentos salariales se puede tener una visión de cómo la brecha distributiva del país se va ampliando. Entre las sociedades con mayores utilidades destacan, desde luego, las de la minería cuprífera, por la fuerte variación experimentada en la cotización del metal rojo y el saqueo al que someten al país los consorcios privados dominantes en el sector. Igualmente, experimentaron un elevado crecimiento las sociedades comerciales, favorecidas por la revaluación del peso, los holdings vinculados al auge en el precio de la celulosa y las instituciones bancarias que lucran con las tasas de interés que les cobra el Banco Central, las cuales tienen enormes diferenciales con los promedios que piden por sus préstamos.

La coincidencia en el tiempo de estos hechos nos muestra el gran abismo distributivo que se produce en el país. Igualmente desnuda la realidad que se vive durante el primer año de gestión por parte de Sebastián Piñera.