Por: Gonzalo Prieto Navarrete*
Ante la recién salida del horno de la encuesta CASEN 2010, el debate sobre la pobreza se encuentra en la agenda comunicacional y política. Pero ante la falta de micro-datos para estudiar en profundidad dicha encuesta, podemos servirnos de otro instrumento revelador que se encuentra en la portada del INE, la encuesta de ingresos por hogar. Dicha encuesta lo que hace es medir el ingreso por hogares a nivel nacional desagregando por región, edad, sexo y fuentes del ingreso por sector.
En la portada nos encontramos con nada más y nada menos que el ingreso promedio de un hogar chileno se encuentra en los $610.700, ¡una gran noticia! Pero menos mal que tenemos los datos para saber que la enhorabuena no es tan alentadora, puesto que las diferencias que evidencian las mismas cifras es otra consecuencia de la ya conocida profunda desigualdad chilena, de eso se trata el presente comentario.
Según la encuesta de ingresos de hogares publicada por en el Instituto Nacional de Estadísticas en su página web el ingreso promedio de los hogares chilenos es de 610.700 pesos, eso es aproximadamente unos 1200 dólares y unos 900 euros, lo que a simple vista parece bastante alto y da la sensación que vamos bien, las familias tienen mejores ingresos y por lo tanto vamos en el camino del “desarrollo”.
Ahora bien, es cierto que las familias tienen más ingresos que antes, también es cierto que en comparación con otros países de nuestra región, estamos mucho mejor. Un dato interesante es que la tasa de incidencia de la pobreza publicada por el Banco Mundial, que le da a Chile un 2,4% mientras que países como Brasil tienen un 12,7%; Argentina un 7,3%; y Bolivia un 21,9%, todo esto es cierto. Sin embargo conformarnos con ser el menos malo no debe ser la luz que nos guié el camino.
Volviendo a la encuesta de ingresos en hogares del año 2009, nos encontramos con los siguientes datos que pueden ser más clarificadores de la desigualdad. Cuando revisamos el ingreso promedio de un hogar por deciles nos encontramos que la decila más pobre (un hogar que tiene un promedio de 4 integrantes) tiene un ingreso de 169.700 pesos y la decila más rica un ingreso de 1.976.000. Si no nos equivocamos esto es 10 veces más, una distancia enorme que nos acusa que la desigualdad chilena no ha tenido retroceso y que por tanto si bien se ha mejorado la calidad de vida general de los ciudadanos medios, seguimos en un escenario de desigualdad estructural que no se soluciona con el modelo económico que actualmente tenemos en el país.
Respecto de la distribución por región del país nos encontramos múltiples interpretaciones que coinciden con la estructura económica de Chile. Por región el promedio por hogar más alto lo obtiene la región de Tarapacá con 826.200 pesos, mientras que la región más baja es la región del Maule con 395.100 pesos (recordemos que nos referimos al ingreso promedio por hogar). Una diferencia más del doble. Claramente el cobre sigue incidiendo en los ingresos de los hogares chilenos, allí donde hay mineras hay mayores ingresos sumando a estos territorios otros polos de desarrollo.
Pero a pesar del alto ingreso de la primera región este sólo alcanza a representar un 2,2% del ingreso total, en cambio la región metropolitana con ingreso promedio nada despreciable de 756.000 pesos representa el 48% del total nacional. Aquí podemos evidenciar no sólo la desigualdad en términos puramente económicos, sino también en el ámbito territorial, sabemos que hay regiones ganadoras y perdedoras, pero el crecimiento y desarrollo del país no es homogéneo y eso queda patente. Aunque es evidente que la región metropolitana tenga más peso producto de su mayor población, es esa misma concentración de población y recursos existentes (de todo tipo) es la que sostiene la desigualdad regional.
Sólo seis de las 15 regiones se encuentra sobre la media nacional, las otras nueve regiones están por debajo. Si además excluimos de las seis regiones a dos, la metropolitana y la región de Magallanes, esta última por su baja población. Obtenemos que de un total de 13 regiones sólo 4 presentan ingresos por hogar sobre la media, y de esas cuatro, tres son regiones mineras. En cifras gruesas menos del 50% de las regiones de Chile alcanza esos 610 pesos de ingreso promedio por hogar.
Sabemos que no podemos medir el desarrollo a través de un sólo instrumento, y también conocemos que las múltiples variables que condicionan el desarrollo deben incluir no sólo el ingreso, sino también el gasto.
Es evidente ante cualquier cifra y análisis que la desigualdad de Chile sigue siendo la gran tarea que deben afrontar las fuerzas sociales y políticas. No basta con mejorar en las cifras, debemos apostar por un modelo que garantice una mejor calidad de vida a las familias, un buen vivir. Ello no sé adquiere simplemente mejorando en uno o dos puntos.
Las mediciones nunca son del todo exacta, por más veneración empirista y racional de la tecnocracia, pues las comparaciones siempre se quedarán cortas, puesto que los objetos responden a diversas variables para explicar la realidad que atraviesan. No estoy diciendo que no podamos tener referencias que definan límites para el análisis empírico, pero si digo que no podemos comparar Valparaíso con Magallanes sólo con los ingresos y quedarnos satisfechos.
La tarea que se debe resolver en el futuro es como construimos un modelo de desarrollo que responda al bienestar del país en general, pero sin descompensar sus territorios, sin tener estas diferencias tan enormes entre unas y otras familias. Ya que finalmente esas diferencias de ingresos se traducen en diferencias de oportunidades y por lo tanto en la reproducción sistemática de la desigualdad chilena.
La descentralización y el fortalecimiento del desarrollo local es una buena alternativa para armonizar el crecimiento y otorgar a las personas mejor calidad de vida y mejores oportunidades. De lo contrario seguiremos agudizando los fenómenos que mantienen el estado actual, que son: desplazamientos poblacionales a zonas con mejores oportunidades, disfunciones en el crecimiento urbano de las zonas receptoras, saturación de los servicios públicos y privados, aumento del precio del suelo y encarecimiento de la calidad de vida. Por otro lado las zonas abandonas se envejecen, quedan imposibilitadas de crecer por falta de mano de obra y traslado de los sectores productivos, territorios relegados que se convierten en un lastre para el Estado que debe mantener a aquellos ciudadanos que no quieren o no pueden emigrar, pero que requieren por derecho los mismos servicios que el resto.
Como podemos evidenciar son estas amenazas, las cuales ya están presentes en la situación actual las que debemos revertir y apostar por un modelo más sostenible económico, social y ambiental.
*Sociólogo y Master en Medio Ambiente por la Universidad Complutense de Madrid.
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